Por Elena Goicoechea
Varias inquietudes me llevaron hasta las oficinas del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, donde me recibió amablemente su presidente, el magistrado Álvaro Augusto Pérez Juárez. Me impresionó la claridad, precisión y sencillez con las que respondió cada una de las preguntas que hice sobre el nuevo sistema penal, hasta llegar al tema que más me preocupaba: ¿el presidente de la República tiene facultades para otorgar perdón y amnistía a delincuentes y corruptos?
E- Los principales factores que frenan el desarrollo de nuestro país son la corrupción y la impunidad. Desde el Poder Judicial, ¿qué hace falta para que se pueda combatir con éxito estos males?
La corrupción lastima y frena el desarrollo de cualquier sociedad. Debe combatirse mediante la democratización de la justicia. Eso es, hacer la justicia sencilla y accesible a todas las personas, para que los tecnicismos no sean un obstáculo. La reforma constitucional vigente establece que la ‘forma’ queda en un segundo lugar y lo importante es resolver de ‘fondo’ las controversias. Se busca evitar los vericuetos y las irregularidades en la tramitación que prolonguen los juicios de manera artificiosa, lo cual genera inseguridad jurídica.
La justicia se transparenta cuando los juicios son sencillos y la justicia está de cara a la sociedad -como la justicia oral -, cuando las personas saben quién las juzga, por qué las juzga, cómo las juzga y están cara a cara con quien los juzga. También debe ser muy clara la rendición de cuentas. La transparencia, la rendición de cuentas y la cercanía de la justicia permiten que los procedimientos estén apegados al marco jurídico, a la ley, y que se respete el estado de derecho. Eso es lo que tenemos que hacer, y cuando existan conductas que se desvíen de la ley, sancionarlas. Para eso existen mecanismos disciplinarios que están a cargo del Consejo de la Judicatura.
¿Hay factores que no correspondan al Poder Judicial que afecten la aplicación expedita de la justicia?
Hay varios factores de carácter externo. Uno de los más importantes es cuando se aprueba una reforma y no viene acompañada de los recursos correspondientes para su implementación. Las reformas son buenas, se hacen para mejorar el marco jurídico aplicable; sin embargo, toda reforma debe visualizarse con el impacto presupuestal que va a tener. Cualquier reforma, de mayor o menor calado, tiene un costo.
El Poder Judicial juzga con total imparcialidad, respetando de manera irrestricta los derechos humanos. Pero juzga en función de los argumentos que se le dan y también tomando en consideración las pruebas. Si usted argumenta algo y lo demuestra, evidentemente se le dará la razón. Si argumenta algo y no lo demuestra, no se le dará la razón.
La oralidad hace los juicios más expeditos, lo cual no quiere decir que no se analicen de manera exhaustiva. El contacto directo entre las partes y el juez es inmediato. El juez conoce de primera mano lo que usted está exponiendo, las pruebas que está ofreciendo, pero lo va a contrastar con lo que su contraparte exponga. En función de este principio de contradicción va a emitir una resolución.
Por ejemplo, en materia familiar una controversia en la justicia oral se lleva 52 días en promedio. En la tradicional tardaba 205 días más o menos. Un procedimiento mercantil tardaba 360 días, hoy tarda 100 días a partir de que se emplaza. La justicia se está haciendo expedita gracias a los mecanismos de oralidad.
¿Cuántos juicios se resuelven al día en la CDMX?
Este tribunal tiene el tamaño de los poderes judiciales de 12 entidades federativas, de 4 países centroamericanos y del 80% de todo el poder judicial de Brasil. Recibimos más de 300 mil asuntos al año. Diariamente dictamos más de mil sentencias. Somos 400 jueces y 79 magistrados. Cada día acuden más de 85 mil personas a nuestras diferentes sedes. Para darse una idea, es prácticamente un Estadio Azteca lleno.
¿Con qué grado de eficiencia funciona el Tribunal dado el número de casos que debe atender?
Cuando algo está funcionando pasa inadvertido. Hoy podemos estar charlando en esta mesa, usted logró llegar aquí, nuestros hijos asisten a la escuela, podemos ir al supermercado, las personas acuden diariamente a trabajar y las fábricas están produciendo. Eso es posible porque hay paz y tranquilidad, y eso lo dan los tribunales. Imaginemos un día sin tribunales. Si alguien no quiere pagarle a una fábrica, eso va a desencadenar que esta no pueda pagar a sus proveedores y a sus trabajadores, y que estos a su vez no puedan cubrir las necesidades básicas de sus hogares. Como el Poder Judicial está funcionando, no nos damos cuenta de la importancia que tiene en el conglomerado social. Sin duda, el índice de eficiencia ha mejorado a raíz de los juicios orales.
¿Qué es lo más criticado del nuevo sistema penal?
Por parte de la sociedad existe la percepción de que hay falta de sanción y que esta genera impunidad. Tal percepción no está del todo apegada a la realidad. El nuevo sistema penal parte de la presunción de inocencia. Así debe ser. Se debe demostrar que usted es culpable y no al revés, que deba probar su inocencia. Mientras no exista una sentencia que diga que usted es culpable, es inocente. La prisión solo se aplica como medida preventiva o cautelar, pero no es la regla general. Cuando hay elementos que indican que se encuentra en riesgo la sociedad por el imputado, la propia ley establece la excepción; si no, va a llevar su procedimiento en libertad. Antes había personas que pasaban años en la cárcel sin que se terminara el debido proceso. La bondad del nuevo sistema es que en este priva la presunción de inocencia. Los derechos humanos están encima de cualquier cosa. No perdemos de vista que no solo los imputados tiene derechos humanos, las víctimas tienen derechos también. Por eso, las sentencias deben privilegiar una reparación integral de la agresión. Es importante procurar la reinserción social de la persona a la que se le impone una pena, sin olvidar que a la víctima le debe reparar los daños que le ocasionó.
Pasando a otro tema, a raíz de la aprobación del divorcio exprés, ¿ha aumentado el índice de divorcios?
Para que exista un vínculo se necesita que las dos personas quieran vivir en matrimonio, si alguna de las partes ya no quiere no se le puede obligar. El problema no es la disolución del vínculo, sino lo que esta conlleva en el aspecto patrimonial y en los hijos. Ha venido aumentando en número de juicios familiares en materia de custodia y de alimentos.
Se suele hablar de desintegración familiar, pero ese estatus desgraciadamente ya está superándose; ahora ya no hablamos de desintegración, porque para que se desintegre el núcleo familiar tuvo que haber estado integrado algún día. Lo que estamos viendo es un fenómeno más fuerte: antes se desintegraba; hoy, en muchos casos no se llega siquiera a integrar.
El concepto tradicional de familia, donde había una mamá y un papá, está cambiando.
La libre convivencia puede generar una paternidad o una maternidad, lo cual genera un conflicto de índole familiar donde nunca hubo familia. Y está el problema de los menores, que es fundamental.
¿Se puede atribuir la descomposición social actual a ese factor?
Más que descomposición, estamos hablando de falta de integración, la cual va a reflejarse en todos los ámbitos: familiar, penal, civil, mercantil, laboral…
¿Esa falta de integración se debe a que se ha debilitado la familia como institución?
La falta de integración es de un núcleo, no necesariamente el tradicional, puede ser otro tipo de núcleo. Sea en un vínculo matrimonial o no, si existe integración, la situación cambia. La integración la van a dar los valores. Quien tiene valores va a estar integrado y la carencia de valores genera desintegración, visto solo desde un punto de vista sociológico. Cuando una familia tradicional se desintegra genera conflictos. Pero cuando el tema es la falta de integración social, es más grave.
¿Cuáles son los factores que más inciden en la descomposición social?
El Poder Judicial es un mero termómetro, un referente. Por ejemplo, cuando la situación económica en la ciudad no es adecuada, automáticamente los juicios en material civil y mercantil se incrementan. Cuando hay problemas de integración, los asuntos en materia familiar se incrementan.
Los juicios en materia penal solo ocupan el 12 por ciento del quehacer cotidiano. En números relativos se mantiene esa media, en números absolutos es más alto porque la población aumentó. Tal vez la percepción de que ha incrementado se debe a eso.
El Poder Judicial es un medio que los contiene, pero estos fenómenos obedecen a una causa. Al Poder Judicial no le corresponde solucionar las causas sino ocuparse de que las consecuencias sean lo menos lesivas posible, de dar seguridad a las personas y de que las conductas delictivas se repriman. Sociedad y autoridad, cada una debe hacer su parte. Mientras no exista armonía ni acción por parte de la sociedad para atacar las causas, de forma que haya oportunidades, acceso a servicios y trabajos suficientemente remunerados, no veremos disminuir la carga de los tribunales.
Es preciso hablar de gobernanza, no tanto de gobierno. La gobernanza es función del gobierno, pero con armonía en la sociedad, porque todos somos responsables: sociedad civil, universidades, escuelas, grupos de decisión. Hay que asumir la responsabilidad que cada uno tiene en su ámbito.
¿Qué tan fuertes son las instituciones hoy en día en México? Debe haber algo que dé la directriz. Voy a ser muy clara en lo que quiero preguntar: jurídicamente hablando, ¿el Presidente de la República tiene facultades para otorgar perdón y amnistía a delincuentes y corruptos?
Recuerde que existe el marco rector fundamental: la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Todas las directrices y lo que le corresponde hacer a cada poder está plasmado en la Constitución. Ahí está perfectamente determinado lo que corresponde hacer a cada titular de los órganos de poder.
¿A quién le corresponde cambiar la Constitución?
A los mexicanos a través de lo que establece la propia Constitución. Existe un Constituyente permanente, reformador. La Constitución se puede modificar a través del mecanismo que establece la propia Constitución. El Congreso actúa como un poder constituyente permanente. Cuando se hace la reforma correspondiente, se somete a la aprobación de un número calificado de entidades federativas. Muchas reformas a la Constitución han acontecido de 1917 a la fecha.
Es facultad del Ejecutivo hacer iniciativas, lo mismo que del Congreso, pero conlleva todo un proceso legislativo, y si se trata de legislar una modificación constitucional, entonces corresponde al Poder Constituyente Permanente.
¿Un decreto presidencial está por encima del Poder Constituyente?
La Constitución es la norma fundamental y la norma de mayor jerarquía. Nada puede ir en contra de la Constitución.
¿Le gustaría compartir algo más con nuestros lectores?
Sí, quiero agregar que en justicia nunca va a hacerse lo suficiente, siempre hay que pensar en avanzar. La legitimación de las instituciones se gana por las mismas instituciones, y la legitimación del Poder Judicial se gana a través de las resoluciones que este emite.
Lo más importante es que el compromiso del Poder Judicial solo es con el marco legal, con la Constitución y con los derechos humanos.
Conoce la trayectoria del Magdo. Álvaro Augusto Pérez Juárez:
MAGDO. ÁLVARO AUGUSTO PÉREZ JUÁREZ, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México
Nació en Amecameca, Estado de México. Estudió la licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, maestría en Derecho civil en el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, cuenta con la especialidad en amparo y es Doctor en Derecho civil.
Ha sido catedrático en la Universidad Autónoma del Edo. de México, Unidad Académica Profesional de Amecameca, y docente en el Instituto de Estudios Judiciales del TJCDMX, el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores, así como en la Facultad de Derecho y la División de Estudios de Posgrado, de la UNAM.
Inició su carrera en el TSJCDMX en agosto de 1989, como Secretario Proyectista de la Cuarta Sala, cargo que ocupó hasta abril de 1991, para luego ser Juez Quinto del Arrendamiento Inmobiliario, de mayo de 1991 a marzo de 1994, y Vigésimo Cuarto Civil, de abril de 1994 a mayo de 2009.
Fue Magistrado por Ministerio de Ley, y después fue postulado como Magistrado de la Octava Sala Civil, a partir del 3 de marzo de 2011.
Actualmente es presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
Raúl Espinoza Aguilera
Alejandra Diener
