La Generalitat de Carles Puigdemont y sus secuaces no pararán el golpe de Estado iniciado con numerosas leyes declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional, como la Ley de Transitoriedad, que daría paso a una declaración unilateral de independencia. En sí, la declaración sería un mero papel mojado, con la consecuente acción del Gobierno y los tribunales para reestablecer el Estado de Derecho, ya sea mediante la aplicación del artículo 155 de la Constitución, con la Ley de Seguridad o bien con la declaración de un Estado de Excepción. En todos los escenarios, la Generalitat no podría aprobar ni una sola ley.

Una declaración unilateral de independencia elevaría la tensión política, social y económica a niveles no vistos jamás en Cataluña. Se paralizarían inversiones, habría fuga de capitales, corralito financiero y las empresas ya no solo trasladarían su sede a zonas con mayor seguridad jurídica sino que también trasladarían las centrales operativas. De hecho, algunos cambios, como CaixaBank, Gas Natural Fenosa o Agbar, afirman que el cambio será temporal hasta que las aguas vuelvan a su cauce. No obstante, el tiempo corre en contra de las empresas que permanecen en Cataluña.

Según uno de los informes que han estudiado las cúpulas empresariales para decidir su salida de Cataluña, a los que ha tenido acceso El Mundo, se pide una actuación rápida antes de la declaración unilateral de independencia, ya que el Gobierno de Cataluña impediría esta huida, más cuando controla la administración. Asimismo, habría un estado paralelo con la Agencia Tributaria catalana, más cuando el propio Gobierno autonómico ha exigido a todas las empresas públicas o con participación pública tributar a través de estas ventanillas, una forma de tener la recaudación en una caja controlada por ellos mismos, lo que daría paso a un posterior cierre de cajas.

Asimismo, en caso de que aún sabiendo las consecuencias de seguir en Cataluña los administradores podrían ser acusados de no velar por los intereses de los accionistas, permitiendo duras caídas en Bolsa. El delito sería de negligencia, aunque estaría por ver en qué tribunales se anteponen las demandas.

Para la banca, el principal riesgo es quedarse fuera del paraguas del Banco Central Europeo y del Banco de España, ya que sin una sede en un país miembro no podría tener licencia bancaria. Por este motivo, tanto CaixaBank como Sabadell han tenido que salir de Cataluña. El otro motivo, un corralito al estilo de Grecia impuesto por la Generalitat, que trataría así de cortar la fuga de capitales, aunque solo los de los trabajadores y pequeños ahorradores, ya que las grandes fortunas tienen mecanismos para evitarlo.

En caso de que el golpe de Estado prosiga su curso, las agencias de calificación no dudarán en hundir más a Cataluña en el bono basura, como ya han avisado. La nueva nota de la deuda de Cataluña supondría un fuerte incremento de los intereses en los mercados, a los que no tiene acceso ahora la Generalitat para emitir deuda debido al alto precio. Las empresas con sede en Cataluña verían incrementar sus costes de deuda en las emisiones de deuda, por lo que se entraría en una espiral de muy difícil salida.

A todo ello hay que añadir las llamadas al boicot sobre los productos catalanes y contra empresas. El boicot iría en dos sentidos: los independentistas, como ha hecho ya la CUP, han señalado públicamente a CaixaBank, Sabadell y Gas Natural Fenosa por cambiar su sede social, pero al mismo tiempo habría un boicot desde el resto de España a los productos y empresas que permanecieran en Cataluña. Desde los estamentos políticos y desde los medios se pide que no se inicie este tipo de acciones debido a que no solo hundirán la economía de Cataluña, sino que provocaría que familias enteras puedan verse afectadas debido a la falta de ingresos y al incremento del paro.

Fuente: intereconomia.com