De acuerdo con el INEGI, 13 entidades del país no cuentan con metas ni líneas de acción en materia ambiental dentro de sus planes estatales de desarrollo; en cinco estados no operan programas de agua potable o saneamiento desde una perspectiva de gestión sostenible; en nueve estados se carece programas con la perspectiva señalada en materia de uso de suelo; mientras que en diecisiete estados no existen programas para construir ciudades sostenibles.
Del 2 al 17 de diciembre se desarrolló en nuestro país la COP13, la reunión sobre biodiversidad más relevante que hay a nivel mundial, en el marco de los programas y acciones que impulsa la Organización de las Naciones Unidas, para dar cumplimiento al Convenio sobre Diversidad Biológica.
A pesar de su relevancia para el país, es uno de los temas en que menor inversión pública se destina, en relación con la urgencia de actuar en la materia y, sobre todo, de los costos que en el futuro podríamos pagar por no actuar de manera oportuna y decidida.
Al respecto, es importante decir que se trata de una agenda que no solo implica responsabilidades para el Gobierno de la República, sino también para los gobiernos estatales y municipales, los cuales tienen enormes responsabilidades vinculadas al cuidado y conservación del medio ambiente y con ello, al cuidado y conservación de la diversidad biológica de la que somos depositarios.
Un tema abandonado en la planeación
El tema medioambiental es uno de los tópicos respecto de los cuales la mayoría de los políticos sostienen ser una de sus principales preocupaciones; sin embargo, la convicción que se muestra en los discursos no se ve reflejada en los instrumentos de planeación, de programación y de presupuestación en los tres órdenes del gobierno, pero fundamentalmente en el nivel de lo local.
Al respecto es importante destacar que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dio a conocer esta semana los resultados del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales 2016. Destaca en este instrumento del INEGI el apartado relativo precisamente al medio ambiente.
En ese apartado, lo primero que destaca es que, en toda la administración pública, existen sólo 18 líneas de acción para las 32 Entidades Federativas, así como únicamente 13 metas establecidas en los Planes Estatales de Desarrollo vigentes hasta este año.
Sobre el particular, hay que recordar que justamente este 2016 hubo elecciones de gobernador en 13 estados de la República y que un compromiso mínimo, que debería establecerse en esas entidades, es darle a esta materia la centralidad que tiene para el desarrollo social y económico del país.
En esa lógica, el Censo de INEGI muestra que los estados de Baja California, Coahuila, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala y Yucatán, no cuentan con líneas de acción ni metas en materia de medio ambiente en sus respectivos Planes Estatales de Desarrollo.
El abandono del agua
De acuerdo con el análisis del INEGI, en los estados operan diferentes programas dedicados a la gestión de diferentes servicios ambientales. Uno de los más relevantes, sin duda, es el relativo al manejo del agua potable. En esa lógica, el énfasis que hace el Instituto es el relativo a programas ejercidos bajo una perspectiva de gestión sostenible.
Como resultado del Censo, el INEGI identificó que en Tlaxcala y Veracruz se cuenta solo con un programa de las características señaladas en cada uno. En Baja California, Durango, Oaxaca, Querétaro y Yucatán, no se tuvo registro de ninguno. Tamaulipas, cuenta con 10; la Ciudad de México y Quintana Roo, con 9 cada uno; y Aguascalientes, Morelos, Nayarit y Tabasco, con 8 cada uno.
La depredación del suelo
Otro de los elementos clave para una adecuada gestión ambiental es un uso de suelo responsable. En ese sentido, el INEGI no tiene registro de programas en esta materia, operados desde la perspectiva de gestión sostenible, en los estados de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Colima, Chihuahua, Guerrero, Oaxaca, Sonora y Tlaxcala. En contraste, las entidades con mayor número de programas identificados son: Jalisco, con 11; Michoacán, con 6; Morelos con 6; e Hidalgo con 5.
Mínima protección a la biodiversidad
A pesar de los esfuerzos realizados por CONABIO, y por la Dirección Federal de Zonas Protegidas, todavía son pocos los programas de protección a la biodiversidad y los ecosistemas que operan en los estados desde la señalada perspectiva de gestión sostenible. En ese sentido, el INEGI cuenta con registros que muestran que las entidades en donde hay mayor número de estos programas son: Veracruz, con 33; la Ciudad de México con 22; Chiapas con 18; Tabasco con 15 y Guerrero con 12.
Por su parte, Aguascalientes, Campeche, Morelos, Nayarit, Querétaro, Quintana Roo y Sonora, cuentan solo con un programa con la característica señalada; mientras que Chihuahua no cuenta con ninguno.
El desorden urbano
La carencia de perspectiva de gestión sostenible se expresa sobre todo en la ausencia de programas para la gestión de asentamientos humanos, ciudades resilientes y sostenibles. En efecto, los estados en donde mayor número de programas operan con esta perspectiva son: Coahuila con 7, Aguascalientes y la Ciudad de México, con 5 cada uno.
En contraste, hay 17 entidades en donde no opera ninguno con la característica indicada: Baja California, Baja California Sur, Campeche, Colima, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas.
Fuente: mexicosocial
