El caso de Jan Böhmermann demuestra las contradicciones de las democracias modernas, reflejadas en la Unión Europea, que por un lado elevan a la categoría de mártires y héroes a los caricaturistas de Charlie Hebdo, asesinados en París por islamistas radicales como represalia por sus sátiras ofensivas del Islam, y por otro lado, pone en el banquillo de los acusados a un cómico alemán cuando su sátira pasada de tueste ofende a un jefe de Estado, el de Turquía, con el que otro jefe de Estado, en este caso alemán, no quiere quedar mal.
La libertad de expresión está en el alero de las sociedades abiertas. Las presiones de la izquierda y la derecha para redefinirla, siempre en un sentido restrictivo, escalan acompasadas por el desarrollo de nuevas inseguridades y de nuevos intentos de utilizar el Estado para imponer una mentalidad única a la sociedad. El caso de Jan Böhmermann es un ejemplo de lo primero; la creación de “espacios seguros” para personas LGTB y otras minorías, en los campus universitarios y las ciudades, de lo segundo.
La canciller Angela Merkel ha dado el placet para poder procesar al cómico Jan Böhmermann por injurias al presidente turco Taryp Erdogan. En su programa de televisión, el señor Böhmermann leyó un poema satírico en el que se describía al presidente Erodgan practicando sexo con ovejas, consumiendo porno infantil, y matando kurdos y cristianos. Alemania tiene un viejo artículo en su Código Penal, el 103, que tipifica como delito las ofensas a jefes de Estado extranjeros. Para poder investigar a una persona por este delito, se necesita el visto bueno del canciller. Las presiones del Gobierno turco consiguieron que la señora Merkel activase el procedimiento penal el pasado viernes, una concesión que se explica por la creciente influencia de Turquía en la Unión Europea, debido a su posición de fuerza en el acuerdo sobre la crisis de los refugiados.
Como escribe Gideon Rachmann este martes en Financial Times: “El caso de Jan Böhmermann representa un intento de exportar prácticas autoritarias hacia la Europa democrática”.
En el otro lado del arco político, la izquierda actúa igualmente para restringir la libertad de expresión en los países democráticos. El último ejemplo es la campaña de las organizaciones del movimiento feminista y LGTB para que la ONU adopte en su próxima cumbre sobre las ciudades, del 25 al 29 de abril, un conjunto de directrices “contra la violencia de género en los espacios públicos”.
Entre las recomendaciones, se promueve la penalización de la publicidad “sexista”, o de los piropos en la calle como una forma de acoso sexual a mujeres y personas LGTB, según el borrador de la propuesta, que se filtró este lunes por error. También se pide a la ONU que reconozca como formas de violencia el siguiente listado: “patriarcado, misoginia, sexismo, sentido de la propiedad sobre los cuerpos de las mujeres, control de la sexualidad y de la capacidad reproductiva, homofobia, transfobia, lógica cisgénero, entre otras”.
Si los lobbies feministas y LGTB querían combatir el acoso sexual en las calles de las ciudades, dejaron pasar la oportunidad de hacerlo tras los incidentes de la pasada Nochevieja en Alemania, Dinamarca y Suecia, cuando cientos de mujeres sufrieron abusos por parte de grupos de inmigrantes de cultura musulmana. La voz de los colectivos feministas y LGTB brilló por su ausencia entre las peticiones de justicia para esas víctimas de un acoso real, no paranoico.
La libertad de expresión es la primera víctima de la crisis de valores en las sociedades occidentales. Los miedos de la derecha y la pulsión totalitaria de la izquierda están haciendo de la sociedad abierta un lugar peligroso para pensar y hablar en libertad. – V. Gago
