Por Alejandro Sala
Las iniciativas referidas a la despenalización del aborto tienen su origen en el hecho de que algunas mujeres, después de quedar embarazadas, no desean –por las razones que fueren; no viene al caso esa cuestión– tener a sus hijos. Dado el hecho de que esta situación existe, el aborto es una respuesta posible.
Este es el punto donde los debates se trasladan al plano moral: ¿es éticamente legítimo convalidar la despenalización del aborto? Entonces, la discusión se desliza hacia el problema del momento en el que la vida comienza. Los partidarios de la despenalización del aborto niegan el hecho de que la vida humana comience en el momento de la concepción y desplazan ese inicio hacia un determinado e incierto momento del desarrollo intrauterino. Y es necesario reconocer que esta posición es argumentalmente coherente. Si admitiéramos que la vida humana no comienza con la concepción sino en una etapa posterior, la práctica del aborto sería aceptable durante ese periodo intermedio entre la concepción y el comienzo de la vida.
La cuestión que se plantea, por lo tanto, es si resulta científicamente válida la afirmación de que la vida comienza no con la concepción sino posteriormente. Y el problema con el que nos encontramos es que las evaluaciones científicas no resultan confiables y, lo que es peor aún, tienden a ser manipuladas en función de las posiciones que se quieren adoptar. Como la ciencia no proporciona respuestas inequívocas, es relativamente fácil elaborar argumentos con pretensiones científicas para fundamentar que la vida comienza en tal o cual momento y, en base a esas consideraciones, defender una u otra posición.
El enfoque del problema cambiaría, sin embargo, si admitiéramos que los debates científicos no ofrecen respuestas categóricas al problema. Pero ¿cómo no confiar en las demostraciones de la ciencia? ¿No es la ciencia una actividad consagrada a la búsqueda de la verdad objetiva e irrefutable?
He allí el problema: si bien la ciencia procura aproximarse a la verdad, lo cierto es que no tiene medios para comprobar si sus elaboraciones conceptuales son efectivamente verídicas. Tal vez sea cierto que la vida humana no comience en el momento de la concepción. Pero ¿y si esta hipótesis fuera errónea, si la vida sí comenzara en el momento de la concepción? ¿Seguiría siendo éticamente legítima la despenalización del aborto si la vida se iniciara en el momento de la concepción?
Conviene recalcar la naturaleza del problema sin eludir las dificultades y las asperezas que lo involucran: supongamos, como hipótesis (no como certeza, solo como posibilidad) que la vida humana comenzara en el momento de la concepción ¿qué estaríamos haciendo en el caso de que cometiéramos un aborto?
En esto sí que no hay margen para la duda: si la vida comenzara en el momento de la concepción, un aborto equivaldría a eliminar una vida o, dicho de otra manera, a cometer un homicidio. Debemos admitir, sin embargo, que no sabemos –porque la ciencia no nos ofrece certezas al respecto- si la vida comienza en el momento de la concepción o en una etapa posterior. Pero tampoco sabemos –porque tampoco la ciencia nos confirma esto- si la vida comienza posteriormente a la concepción. En síntesis, no sabemos cuándo efectivamente comienza la vida.
Y no es que no lo sabemos porque somos ignorantes… El problema es mucho más complejo. No sabemos con certeza cuando comienza la vida porque es el tipo de conocimiento que no está a nuestro alcance adquirir. El doctor Gabriel Zanotti hace un análisis muy profundo de todo este tema en el libro, de reciente publicación, Ley natural, cristianismo y razón pública, donde señala que “La razón científica es esencialmente conjetural: el método hipotético deductivo no permite dar certeza a la hipótesis por más que esta se encuentre corroborada, es decir, no falseada hasta el momento. Por ende, la ciencia nunca sale del nivel de hipótesis, aunque esté por el momento, no negada” (las itálicas son del autor).
El análisis filosófico que Zanotti hace del tema en el libro es mucho más extenso y profundo de cuanto lo hacemos aquí, donde sólo tomamos esa cita como ejemplo para ilustrar nuestra argumentación, que igualmente está inspirada en los conceptos desarrollados por el doctor Zanotti.
Ahora bien, ¿qué conclusiones podemos extraer de este análisis? Ya dijimos que, si no podemos saber cuándo comienza la vida, es posible que, al practicar un aborto, estemos cometiendo un homicidio si resultara ser que la vida se inicia en el momento de la concepción. Y surge, consecuentemente la siguiente cuestión: ¿es éticamente legítimo convalidar una práctica que tal vez esté implicando matar a una persona?, ¿es moralmente aceptable que la legislación convalide una metodología que eventualmente implicaría la comisión de un homicidio?
Las respuestas a estas preguntas son, evidentemente, negativas. No hay manera de legitimar jurídicamente una práctica que involucra la eventualidad –ya vimos que la certeza no es posible- de que se esté cometiendo un atentado contra la vida de un individuo. Estos argumentos son válidos para impugnar las iniciativas en favor de la despenalización del aborto. Sin embargo, no ofrecen respuesta alguna para el abordaje del problema original. Recordemos que habíamos señalado al principio de este texto que el aborto es una respuesta posible al hecho de que algunas mujeres, después de quedar embarazadas, deseen deshacerse de su hijo.
Frente a este hecho, conviene soslayar las consideraciones morales y concentrarnos en el análisis del problema concreto. Si una mujer, por las razones que fueren, no quiere tener su hijo, es una realidad que no cambiará porque nosotros consideremos que esto está moralmente bien o mal. No viene al caso que discutamos los problemas prácticos y concretos desde una perspectiva moral. Lo que debemos tratar de implementar son soluciones eficaces. ¡Por eso algunos reivindican la despenalización del aborto! Es evidente que, desde una perspectiva utilitaria, el aborto es una solución posible a un problema real.
Pero, de acuerdo con los argumentos que venimos desarrollando, es una solución éticamente inaceptable porque involucra la posibilidad de incurrir en un homicidio. Por lo tanto, debemos buscar alguna solución pragmáticamente viable que sea, al mismo tiempo, moralmente legítima.
A los efectos de avanzar en la solución a nuestro problema, conviene, en primer término, que nos hagamos cargo de los hechos: la ley convalida la comisión de abortos en los casos de violaciones y, por cierto, es absolutamente entendible que una mujer no desee tener un hijo que es el resultado de una relación sexual forzada. Pero la solución no puede consistir en exponernos al riesgo de convalidar un homicidio. Es necesario encontrar algún camino que contemple el problema de la mujer violada y embarazada que no consista en incurrir en la posibilidad de estar matando al hijo.
Así planteada la situación, cabe elaborar una solución que sea legalmente viable y moralmente válida. Esa alternativa es, en primer término, que el estado asuma la responsabilidad de dar cuidado y atención a la mujer involucrada durante todo el transcurso del embarazo, de modo que la víctima de la violación cuente con el mayor respaldo médico, psicológico, económico e institucional necesarios para no verse llevada a optar por el aborto como un mal menor. Y, al mismo tiempo, en vista de que no desea tener a su hijo por razones que son atendibles, cabe crear los instrumentos jurídicos que le permitan desligarse de su hijo ni bien este nazca y que el niño sea inmediatamente cedido en adopción a quienes estén dispuestos a hacerse cargo de él y sean idóneos para asumir las obligaciones de padre y/o madre.
Con este enfoque del asunto, hemos diseñado una solución donde los aspectos morales quedan resueltos porque no convalidamos la comisión de un acto –como el aborto- que conlleva el riesgo de incurrir en un homicidio y, al mismo tiempo, estamos dando una solución satisfactoria y apropiada al problema sobrevenido por el hecho de que algunas mujeres –por razones enteramente atendibles- no desean tener a sus hijos. Sería interesante y conveniente que los legisladores analizaran el enfoque ético-jurídico aquí propuesto para avanzar hacia una solución satisfactoria del tema.
Por Alejandro Sala
Para Instituto Acton Argentina