Spicer afirmó que el nuevo bloqueo judicial “no tiene sentido”
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WASHINGTON.- Tras el golpe de sendos tribunales que bloquearon su veda a inmigrantes musulmanes, la Administración Trump evalúa desde este jueves sus opciones, incluso acudir al Tribunal Supremo si es necesario, para defender una orden ejecutiva que, a su juicio, es vital para la seguridad nacional.
En su acostumbrada rueda de prensa diaria, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, dijo hoy que el Departamento de Justicia (USDOJ) “estará evaluando opciones para corregir esto”, porque, a su juicio, el gobierno elaboró correctamente la versión modificada que prohíbe temporalmente el ingreso a EEUU de inmigrantes musulmanes y refugiados.
Spicer afirmó que el nuevo bloqueo judicial “no tiene sentido”, porque la orden ejecutiva fue escrita para cumplir con las preocupaciones que había expresado el Noveno Circuito de Apelaciones.
Anoche, dos tribunales, uno en Hawaii y luego otro en Maryland, bloquearon la puesta en marcha de la nueva orden ejecutiva que debía entrar en hoy mientras la Administración Trump evalúa y fortalece el proceso de revisión de las solicitudes de inmigrantes y refugiados.
El Departamento de Justicia expresó su desacuerdo con los tribunales mientras que, durante un mitin político en Nashville (Tennessee), y el presidente Donald Trump dejó abierta la posibilidad de acudir al Tribunal Supremo.
“Vamos a llevar nuestro caso hasta donde necesite llegar, incluso hasta el Tribunal Supremo”, dijo Trump, al vaticinar que ganará el caso porque existe el peligro del terrorismo y “la necesidad de mi orden ejecutiva es clara”.
Trump se quejó de que el dictamen es ejemplo de “un exceso judicial sin precedente”.
Sólo que sí ha habido precedentes del freno judicial a medidas ejecutivas: un tribunal federal en Texas paró en seco en 2015 los alivios migratorios que anunció en noviembre de 2014 el entonces presidente Barack Obama.
Además, la máxima corte de EEUU aún no tiene instalado al noveno juez vitalicio que reemplazará al fallecido juez conservador Antonin Scalia, porque el nominado por Trump, Neil Gorsuch, no ha sido confirmado por el Senado. En el supuesto que Trump llevara el caso al Tribunal Supremo, un posible empate técnico de 4-4 mantendría en pie el bloqueo actual.
En todo caso, según observadores, el tiempo invertido en un litigio desvirtúa la urgencia de la veda original.
La orden ejecutiva del pasado 6 de marzo impone una moratoria de 90 días a inmigrantes de seis países de mayoría musulmana –Siria, Libia, Irán, Somalia, Sudán y el Yemen-, y otra por 120 días a refugiados de cualquier parte del mundo.
Pero esa orden ejecutiva en realidad es una versión modificada levemente respecto a la del pasado 27 de enero pasado, que también fue rechazada por los tribunales.
“Aquí, no”
En el Parque Lafayette, frente a la Casa Blanca, decenas de activistas de grupos cívicos, como la Unión de Libertades Civiles de EEUU (ACLU) y “HIAS”, realizaron una protesta contra Trump, a quien recordaron el legado de EEUU como país que acoge a quienes huyen de la persecución.
Los activistas celebraron los fallos judiciales como una “victoria para la democracia” y un claro rechazo a la “política del miedo y el odio” que, a su juicio, impulsa la nueva orden ejecutiva, denominada despectivamente por algunos en inglés como “Muslim ban 2.0”.
En declaraciones a este diario, tanto el congresista demócrata por Illinois, Luis Gutiérrez, como la directora ejecutiva de la Red Comunitaria Siria (SCN, en inglés), Suzanne Akhras Sahloul, explicaron que en EEUU no hay cabida para este tipo de políticas “discriminatorias”.
“Si llevas a cabo una campaña y repites varias veces que vas a discriminar contra una población determinada, que vas a imponer a una veda a musulmanes, y luego inicias órdenes ejecutivas para implementar esa política, la gente se va a acordar. Los jueces también”, señaló Gutiérrez.
Sahloul dijo que los refugiados de Siria y otras partes del mundo “están huyendo del terror, la muerte y la pobreza, y vienen a buscar protección en EEUU”.
“Le pedimos al presidente Trump que abra su corazón y su mente, y se reúna con refugiados, escuche sus historias, que los conozca. Estoy segura que cambiaría de opinión si lo hiciera”, argumentó la activista.
Por su parte, Joanne Lin, una abogada y especialista en temas migratorios de la ACLU, dijo a este diario que “el mensaje de los tribunales es clarísimo: están diciendo ´aquí, no´, no vamos a permitir que esta prohibición entre en vigor”.
“También está clara la hostilidad del presidente hacia los musulmanes, desde la contienda hasta su toma de posesión, y a través de sus mensajes y los de sus asesores… la ACLU no se opone a fortalecer el proceso de revisión, pero tiene que ser caso por caso, no de forma categórica a toda una población“, subrayó Lin.
La protesta fue organizada por el grupo “HIAS”, que entabló en el tribunal de Maryland una de las demandas contra la orden ejecutiva en cuestión.
