El comienzo de los ataques de la aviación rusa sobre posiciones del Estado Islámico (EI) en Siria —que coincide con el bombardeo de EE UU contra los talibán en Afganistán y se produce pocos días después de bombardeos franceses en Siria— debe ser acogido positivamente por cuanto supone un nuevo esfuerzo para acabar con una amenaza surgida de las atrocidades del integrismo; pero también con cautela, porque no conviene perder de vista varios factores que condicionan la acción militar desencadenada por Moscú.
En primer lugar, hay que recordar que Vladímir Putin ha declarado su apoyo explícito al régimen de Bachar al Asad, un cruel dictador responsable en gran parte del baño de sangre en que se encuentra sumido su país y que ha causado cientos de miles de muertos y millones de refugiados.
Putin juega su propio juego y se mueve cómodo en los parámetros establecidos durante la Guerra Fría, aunque esta terminara hace casi dos décadas. Su intervención en Siria parece deberse más a la intención de defender el interés estratégico histórico de Moscú en ese país y en toda la región de Oriente Próximo que en terminar con una situación flagrante de violación sistemática de los derechos humanos.
Sin duda Rusia tiene un papel fundamental que jugar en la resolución de cada vez más enrevesado tablero de Oriente Próximo y así debe ser reconocido. Pero eso no puede constituir una carta blanca para que Putin apoye a dictaduras que hace tiempo debieron desaparecer o para que adopte unilateralmente decisiones que pueden influir en el resto de la comunidad internacional. Y tampoco debe servir para borrar la responsabilidad de Moscú en la guerra civil que asola a una parte del territorio ucraniano ni en la ilegal anexión de Crimea a la Federación Rusa.
Europa no debe ceder a la tentación de cerrar los ojos a la actuación de Moscú en Siria porque combata al EI. Ese es sólo un primer paso. Y Putin debe saberlo.
