El Caballo de Troya parecía un presente hermoso. Después de una larga lucha, los aqueos se retiraban dejando este valioso presente a la ciudad de Troya. Lo que no sabían los troyanos, y sería la causa de su ruina, es lo que llevaba dentro el caballo: un ejército escondido para abrir las puertas de la ciudad y abatirla.
Algo análogo sucede con la expresión que encabeza el presente artículo: ¿quién es el desalmado que negará sus derechos a los niños? Lo malo es cuando esos derechos se instrumentalizan como pretexto para imponer la ideología de género. Simulo defender los derechos de los niños, cuando en realidad estoy imponiendo a la sociedad algo muy distinto de lo que intento defender. Es la viejísima historia del lobo vestido de oveja, sólo que ahora camuflado de ley.
En efecto, a partir de que en diciembre pasado el Poder Legislativo Federal aprobó la “Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes”, los estados la han ido adaptando a la idiosincrasia y costumbres del lugar. Como toda buena mentira, tiene sus partes positivas, no todo es negativo. Expurgada de sus elementos nocivos puede ser una herramienta muy útil en lo que a defensa de la infancia y adolescencia se refiere. Sin embargo, dicha ley está contaminada por fuertes elementos ideológicos. Así, bajita la mano y sin hacer ruido, en el DF y Guerrero se ha aprobado una ley que permite a los niños y adolescentes cambiar de sexo, abortar, usar anticonceptivos sin el consentimiento e información de sus padres. Es más, podría verse como un delito de los padres inmiscuirse en esos asuntos, pues la ley tutela “la intimidad de los niños”.
Dicha “ley” (lo pongo entre comillas, pues al no ser justa, no es ley, sino un acto de violencia legitimado por la prepotencia de la autoridad) excluye explícitamente a los padres de aspectos educativos de sus hijos. De un plumazo, en estos lugares, los legisladores han despojado a los ciudadanos de un derecho reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (n. 26 &3): “Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”. Ya no tienen libertad de brindar la educación sexual según sus convicciones, entre otros aspectos, pues la redacción de la ley limita drásticamente la injerencia de los padres en la educación de los hijos, e impone el libertinaje sexual promovido por el Estado.
¿En qué otros aspectos se debilita la autoridad paterna respecto de los menores? Según el modelo de ley enviado por el legislativo federal a las legislaturas estatales, si estas no le hacen las convenientes enmiendas, pueden presentarse los siguientes escenarios: para la ley, los niños y adolescentes tienen libertad de pensamiento, convicciones éticas, conciencia, religión y cultura. Ello, además de irreal, pues los niños precisamente van aprendiendo eso en su ambiente y en su familia, les quita a los padres el derecho inalienable que tienen de trasmitirlos.
Los niños y adolescentes a tenor de la ley tienen derecho a “difundir, buscar y recibir información e ideas de todo tipo, por cualquier medio, sin más limitaciones”. Nuevamente se excluye a los padres, que no podrían legalmente limitar su acceso a contenidos inconvenientes. También “tienen derecho a asociarse y reunirse sin limitaciones”. De nuevo se excluye a los padres, que legalmente no pueden vigilar o limitar a sus hijos para que no frecuenten, por ejemplo, malas amistades o malos ambientes.
Estos son solo unos ejemplos que muestran la ambigüedad de la ley. En el fondo se trata de hacer a un lado a los padres de la educación de sus hijos, limitando fuertemente –según la ley– su papel de formadores, educadores y transmisores de valores, todo ello, amparados en que se defiende la “libertad” de los niños.
Pero echados de lado los padres, ¿quién vendrá a ocupar su lugar?, pues los niños no nacen sabiendo. La respuesta es obvia: el Estado, que olvidando el principio de subsidiariedad, se arroga funciones que no son suyas, y es un Estado claramente influenciado por la ideología de género, por la dictadura de lo “políticamente correcto”, que prevalecerá sobre la opinión de los padres.
Por ello, todos los padres de familia de este país que no quieran ver disminuidos drásticamente sus derechos legítimos sobre la educación y la formación de sus hijos, deberían buscar limitar este atropello, como lo está haciendo la asociación “SiEsMiHijoYoLoEduco”. Creo que no exagero al pensar que es un tema de mucha mayor trascendencia que la fuga del Chapo Guzmán o los candidatos ideales para dirigir la Selección Nacional de Fútbol…
P. Mario Arroyo, doctor en Filosofía.
p.marioa@gmail.com
